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La nueva Ley de Internet, promovida recientemente por el Ministerio de Cultura, dará más trabajo a todos. Pero sobre todo a los jueces, que ya se han alarmado ante la posible carga de trabajo que supondrá revisar casos y dar el visto bueno o la negación al cierre de páginas web. Según la nueva metodologí­a, aprobada este mismo enero en Consejo de Ministros, la Comisión de la Propiedad Intelectual será la encargada de enviar el caso a los jueces para que en un plazo máximo de cuatro dí­as decidan si dicha Comisión es competente para solicitar el cierre de la página web. Y en caso positivo, dar el visto bueno al cierre cautelar.

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Ha sido el mismo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que ha indicado que esta nueva operativa podrí­a suponer una «carga adicional de trabajo muy importante«, dado que después de haber denunciado la supuesta vulneración de los Derechos de Propiedad Intelectual a la Comisión (CPI), un juez de la Audiencia Nacional de lo Contencioso-administrativo tendrá que decidir en cuatro dí­as si es posible que la Comisión solicite el cierre. O si por lo contrario, está vulnerando las libertades del propietario de la página web denunciada.

Y aunque el Consejo General del Poder Judicial se ha manifestado a favor de esta nueva polí­tica, solicita que se analice la posible carga administrativa que en unos meses podrí­a tener sobre la mesa, a efectos de estudiar su viabilidad y la capacidad de asumir el trabajo a través de los juzgados competentes. De esta forma, los organismos competentes tendrí­an que estimar el número aproximado de denuncias para prever de alguna forma, el trabajo que a partir de ahora tendrán los entes judiciales. Y sabiendo como está el patio, estamos en condiciones de asegurar que no será poco.

Foto de: mindgutter y kk+

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