Generalitat-Catalunya

Hay formas estúpidas de gastar dinero. Algo que no es grave si sólo atañe a un individuo. Lo malo viene cuando se trata del erario público y lo que deberí­a destinarse a mejorar la vida de los ciudadanos se pierde en tonterí­as como Second Life. Según ha publicado el diario El Mundo, el Departament de Governació de la Generalitat ha invertido una cifra superior a 3.000 euros en un informe para averiguar si merecí­a la pena adquirir una isla en Second Life.

El documento, cuya elaboración se solicitó en 2007, fue redactado por la firma Second Mind y consta de tres únicas páginas. Para colmo de males, resulta que la compra de la isla ascendió a poco más de 1.000 euros.

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Pero si parece un despropósito emplear 3.000 euros en averiguar si abonar 1.000 euros es beneficioso, el hecho en sí­ de querer contar con representación en el mundo virtual creado en 2006 por la empresa de Philip Rosedale no es mucho mejor idea. Second Life ha supuesto un rotundo fracaso como medio publicitario en particular y como sitio web en general, una vez pasada la novedad. Para quien aún no esté informado, Second Life es un espacio de realidad virtual donde los usuarios tienen oportunidad de crear un alter ego llamado «avatar» para interectuar con el entorno. Las transacciones comerciales están permitidas, porque la moneda de Second Life, «Linden Dolar» es intercambiable por dinero fí­sico. Existen cuentas gratuitas, aunque para poseer tierra o construir, como hemos visto,  debe abonarse una tasa.

Uno de los claros propósitos de Second Life es servir como trampolí­n publicitario. Sin embargo, las cifras no acompañan. Para empezar, por el escaso interés que hoy por hoy demuestran sus usuarios. De los trece millones con los que contaba en 2008, un elevado porcentaje permanecen inactivos. Además, muchos de ellos cuentan con varias cuentas, así­ que el número real de miembros es en realidad inferior. Aunque se trató de dotar a Second Life de protagonismo como espacio para el marketing, la cultura o para manifestaciones ciudadanas, la realidad ha demostrado que en general se prefieren otras plataformas para llevar a cabo las actividades descritas.

Si la Generalitat para tener presencia en el mundo virtual hubiese pagado directamente los 1.000 euros que más o menos cuesta un terruño, en lugar de encargar el informe «Consultorio de Cataluña en Second Life», se habrí­a ahorrado otros 3.000 euros de los contribuyentes. Así­, probablemente la entidad habrí­a comprobado por sí­ misma y sin necesidad de recurrir a terceros que se trata de una inversión inútil.

Ví­a: El Mundo.es