Esto es lo que se pretende desde Europa. Durante esta última semana, hemos asistido al debate en el que han participado los 28 gobiernos que actualmente forman parte de la Unión Europea y en el que básicamente se ha discutido sobre economía colaborativa. La de aquellas plataformas tecnológicas que ponen en contacto usuarios con proveedores y que se materializan en proyectos tan conocidos como Uber, una aplicación que te permite contratar servicios de taxi, Airbnb, el sistema de alquiler de viviendas y habitaciones particulares o Blablacar, un sistema para compartir coche. Ambas compañías pusieron en marcha sus respectivas actividades en medio de un vacío legal, así que la consideración que reciben en los distintos países de la Unión Europea es bastante dispar. En la discusión, la Comisión Europea se ha posicionado a favor de estas plataformas y ha instado a los países a buscar fórmulas para hacerlas encajar dentro de la legislación en lugar de prohibirlas. No obstante, en su comunicado, la Comisión deja claro que las actividades colaborativas también están sujetas a impuestos.
Parece que no hay dudas, así que tanto si eres usuario asiduo u ocasional de plataformas como Airbnb o Uber, tendrás que abonar el IVA, porque a su vez, aquellos que presten los servicios tendrán que pagar todos los impuestos preceptivos al estado. Aunque todavía estamos ante una hipótesis, ahí se incluye la recaudación del IVA, por supuesto, y el impuesto sobre la Renta y el de Sociedades. En el punto de obligaciones y tributos, la Comisión tambiéndeja en manos de los diferentes estados la situación de los profesionales que ofrecen servicios a través de dichas plataformas. Así, en muchos casos puede, por ejemplo, que el estado obligue a los anfitriones de Airbnb o a los conductores de Uber o Blablacar a ser considerados trabajadores de la compañía, lo que supondría un batacazo burocrático para ambas partes: esto es, el servicio y los que lo prestan.
El asunto es bastante complejo, así que lo que ha hecho la Comisión es elaborar un comunicado en el que se establecen toda una serie de recomendaciones. A continuación, los países podrán tomar las decisiones que consideren oportunas, porque en Europa, los estados miembros no están obligados a acatar lo que se indica en los capítulos de recomendaciones. Cosa distinta es, lógicamente, cuando lo que emite la Comisión son directivas o reglamentos.
Sea como sea, Elzbieta Bienkowska, comisaria de Mercado Interior, ha explicado que el desarrollo adecuado de la economía colaborativa puede terminar siendo una oportunidad para empresas, emprendedores y consumidores y que las decisiones comunitarias tendrían que abordarse en común, evitando así que cada país haga lo que le parezca oportuno en un tema tan complejo y polémico como es el de plataformas como Uber, Blablacar y Airbnb. No en vano, además de los intereses de las empresas, también están en juego los de las empresas que operan en el sector de la manera más tradicional.
¿Estarán contentos con estas recomendaciones los taxistas y los hoteles? ¿Qué hará el gobierno – cuando lo tengamos – en España?
