Estamos de recortes. Nos piden austeridad y nos imponen tasas judiciales, pero la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial parece no haber enterado de nada. O no querer enterarse. Hoy hemos conocido un acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre una licitación millonaria. Se trata de una oferta pública para la formalización de un contrato de servicios de formación sobre el contenido, así como en asesoramiento para el manejo de las aplicaciones de la página web del Consejo General del Poder Judicial, así como del fondo documental que se maneja en distintos puntos de España. Estamos seguros de que este acuerdo no hubiera llamado nuestra atención si no estuviéramos en tiempo de crisis, pero tampoco – a pesar de todo – si la cifra de la licitación no fuera tan elevada. Y es que el presupuesto base supera el millón de euros. Esto significa que Indra, la empresa que finalmente se ha hecho con el contrato, percibirá la friolera de 1.024.531,20 euros.
Indra, una firma española de reconocido prestigio en el sector de las tecnologías de la información en España. De hecho, tiene sedes en prácticamente todas las ciudades con núcleos tecnológicos importantes. Una de sus funciones más reconocidas es la consultoría, así que no nos resulta nada extraño que se haya llevado al bolsillo tan beneficioso contrato.
Pues bien, todo esto ocurre justo en el momento en que el ministro de justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se le ha ocurrido subir las tasas judiciales hasta lo imposible. A partir de ahora, como ya debes saber, recurrir una multa de 100 euros nos costará 200. Eso sí, mientras eso ocurre, el Consejo General del Poder Judicial invertirá un millón de euros en enseñar a sus funcionarios cómo funcionan las distintas aplicaciones de la web. La página en cuestión es www.poderjudicial.es y es un espacio en el que ciudadanos, empresas y profesionales tienen acceso a distintas informaciones sobre la cuestión jurídica. De hecho, el sitio también cuenta con una extranet para realizar gestiones. Y aunque no han trascendido más detalles sobre la naturaleza de los servicios a prestar, se entiende que la empresa deberá ofrecer formación y asesoramiento a los distintos órganos del Consejo General del Poder Judicial, incluyendo aquellas oficinas ubicadas en distintos puntos geográficos del Estado.
Teniendo en cuenta las circunstancias actuales y el magnífico precio de la licitación, es posible que una opción interesante y seguramente mucho más económica habría sido la redacción de un buen manual que explique con todo lujo de detalles qué tipo de aplicaciones pueden utilizar los funcionarios en la web y con qué fines, evitando seguramente una larga colección de clases, formaciones presenciales y seguramente pérdida de tiempo por doquier. No habría estado mal, tampoco, que las mismas inversiones se hubieran realizado con más antelación. Una de las más importantes y útiles para aligerar la lentitud de nuestra justicia habría sido la limpieza y digitalización de los fondos documentales. No hay que olvidar que gran parte de los juzgados de nuestro país guardan en sótanos y pasillos montañas imposibles de documentación y pruebas de casos que todavía no han sido resueltos. Así nos va.
Foto de: Enviroment Blog
