El calendario juega en contra de los intereses del Ministerio de Cultura y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) cuando se trata de darle sentido al polémico canon digital. En plena tormenta legal en torno a la controvertida sociedad de autores, y con un mes de retraso de acuerdo al vencimiento del plazo que se marcó el Gobierno para revisar la fórmula de compensar a los creadores por las copias no autorizadas, la realidad parece que pasa por la supresión de una tasa que la propia Unión Europea ha reconocido como abusiva y que la Audiencia Nacional declaró nula a través del reglamento que regía su funcionamiento. Un jaque en toda regla que va camino de ser mate, a tenor de una información publicada ayer por La Vanguardia.
El rotativo asegura que el Gobierno lleva semanas estudiando la posibilidad de suprimir el canon, en el mejor de los casos, o sustituirlo por otra solución menos restrictiva. El hecho de que la Fiscalía esté investigando a la SGAE por un supuesto fraude procedente de fondos compuestos, entre otros, por recaudaciones relativas al canon, podría haber precipitado los planes de Cultura, que en boca de su titular, íngeles González-Sinde, podría comunicar el próximo 12 de julio los planes definitivos que desde el Ejecutivo habrían programado (con retraso) para el futuro del canon.
Según declaraciones de la ministra recogidas por el diario El Mundo, la postura oficial de Cultura es que «es mejor una buena Ley retrasada, que una mala y puntual». Y desde luego, se lo están tomando la pie de la letra. Decimos esto porque el compromiso de modificar la fórmula para adaptarse al dictamen de la Unión Europea data del 6 de marzo, día en que se aprobó la Ley de Economía Sostenible, donde se inscribe la dispoción adicional segunda que contiene la mal llamada Ley Sinde, que contempla, entre otras cosas, una revisión del canon entre las medidas negociadas entre los partidos que apoyaron su aprobación (PSOE, PP y CiU). Sin embargo, un mes después de cumplir la fecha límite para presentar la nueva propuesta en el Congreso, el Ministerio de Cultura sigue encogiéndose de hombros, y mirando hacia otro lado.
