Es una de las pocas cosas que ha mantenido la atención de los políticos europeos desde hace tiempo. Son conscientes de la necesidad de una vigilancia constante para que los operadores de telecomunicaciones europeos apliquen reglas de transparencia, y adopten políticas de calidad de servicio. Esperan que la nueva legislación sobre telecomunicaciones que entrará en vigor el 25 mayo acabe siendo aplicada de manera que garantice los principios de neutralidad y de transparencia.
Los de la Comisión Europea van a prestar una especial atención a la práctica extendida entre los operadores que consiste en favorecer determinados servicios por encima de otros como parte de las políticas de calidad. Esperan recopilar casos prácticos de estas actuaciones y de otras que incluyen poner dificultades a los consumidores para que cambien operador, bloquear o dificultar el tráfico de ciertos servicios como VoIP o P2P, o la falta de reglas claras que garanticen la calidad del servicio.
Para finales de año, la Comunidad va a publicar las evidencias encontradas de este tipo de comportamientos dentro de lo que se conoce como la investigación BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications). Dependiendo de los resultados de esta investigación, los legisladores europeos están dispuestos incluso a publicar medidas más duras y restrictivas que garanticen esa neutralidad y transparencia en la red. El vicepresidente de la Comisión Europea para la Agenda Digital, Neelie Kroes, acaba de declarar que «está dispuesto a asegurar que los ciudadanos y los negocios de la Comunidad Europea pueden disfrutar de los beneficios de la Internet abierta y neutral, sin restricciones ocultas, y a las velocidades prometidas por los proveedores de servicios”.
El único problema al que se pueden enfrentar los legisladores es a la falta de una definición de «neutralidad en la red». Lo curioso es que este término aún sin definir va a ser un requerimiento obligatorio bajo las leyes europeas a partir del 25 mayo de este año. Las autoridades reguladoras de telecomunicaciones de los estados miembros deberán promover la libertad de los usuarios para correr las aplicaciones y los servicios que les apetezcan. Será curioso, cuando no divertido, ver cómo interpretan la aplicación de estas normas el Gobierno y los operadores españoles, cuando en España se ha logrado que internet sea una de las más caras y más lentas, con una terrible fractura digital que separa cada vez más las zonas rurales de las ciudadanas.
