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Tras la aprobación de la Ley de Economí­a Sostenible con la disposición adicional que se ha dado en llamar Ley Sinde, la ministra que dio nombre a la mal llamada ley, íngeles González-Sinde, compareció en una entrevista en Los Desayunos de La 1. Allí­ aseguró, a pregunta del periodista Fernando Berlí­n, director de radiocable.com, que Estados Unidos no habí­a presionado a los grupos parlamentarios para dar salida a la norma antidescargas.

De esta forma, la titular de Cultura anuló de un plumazo lo contenido en algunos de los despachos de Wikileaks, en los que se expone de forma explí­cita, por un lado, el interés que desde la embajada de Estados Unidos se puso en la creación de un nuevo marco legal que permitiese cerrar páginas webs dedicadas a enlazar material protegido por las leyes de propiedad intelectual; y por otro, las reuniones mantenidas entre miembros de Cultura con el embajador, Alan Solomon, para que desde la diplomacia norteamericana se «convenciera» al PP para secundara la aprobación de la Ley Sinde.

La intervención de Berlí­n, cargada de tensión, comenzó con una ofrenda de paz, compuesta por un par de libros: uno en formato electrónico y otro en un volumen fí­sico. El director de radiocable.com ironizó sobre el primero, que le daba a la ministra en un lápiz de memoria gravado con el polémico canon digital, cuando su contenido era un archivo de libre distribución: el libro «Software libre para una sociedad libre», de Richard M. Stallman. «Sin embargo señora Sinde, yo he tenido que pagar un canon por este pendrive«, apostilló Fernando Berlí­n.

Durante la entrevista, la ministra Sinde habló de la controversia suscitada sobre los plazos de ejecución que pondrí­a en marcha la ley a la hora de cerrar una web. En este sentido, apuntó que el proceso de cierre de una web podrí­a dilatarse hasta 30 dí­as, y que siempre estarí­a sujeto al criterio del juez, en caso de que sus conclusiones no coincidan con las de la Comisión de Propiedad Intelectual (ese órgano compuesto a dedo que se crearí­a como instrumento que denunciarí­a a los infractores de material protegido). No obstante, en la práctica, el órgano podrí­a bloquear el acceso a las webs supuestamente infractoras hasta la resolución de un dictamen judicial.