La semana pasada saltaba la noticia de que Google estaba siendo investigada en Estados Unidos por abuso de posición dominante en las búsquedas por Internet y el mercado publicitario. El viernes pasado Google confirmaba que había recibido una citación de la Comisión Federal de Comercio (FTC) relativa a sus prácticas de negocio. El objetivo de la FTC es determinar si las búsquedas de Google redirigen injustamente a sus propios productos en detrimento de los servicios de la competencia.
En Estados Unidos, la compañía acapara más de dos tercios del pastel de los buscadores y tres cuartas partes de la publicidad en los resultados de búsquedas. En Europa, donde Google todavía ostenta una posición mucho más relevante (superior al 80 por ciento) la Comisión Europea tiene abierta otra investigación similar por prácticas contra la libre competencia desde noviembre del año pasado. En Estados Unidos no es ilegal tener un monopolio, a menos que se abuse de él.
El escrutinio de la FTC supone una seria amenaza legal para Google, debido a su amplitud. Diversos abogados especialistas en la materia ven similitudes entre esta investigación por antimonopolio y el caso de Microsoft en los años noventa, cuando la empresa de Redmond fue acusada de aprovecharse de la preponderancia de su sistema operativo para dañar a los competidores.
Existen semejanzas entre ambos supuestos. Microsoft fue acusada de empaquetar el navegador Internet Explorer dentro del sistema operativo Windows para aplastar a su competidor Netscape. Por su parte, Google ofrece muchos servicios además de las búsquedas de páginas web, como vídeos, buscador de imágenes, mapas, noticias, correo electrónico, servicios financieros o libros, entre otros. También Google integra sus productos de diversas maneras, como añadiendo mapas a las búsquedas de direcciones.
Sin embargo, la FTC no va tener fácil la tarea de probar que los resultados de las búsquedas en Google están deliberadamente sesgados o que dañan a los consumidores de modo significativo. La legislación federal estadounidense prohíbe llevar a cabo acciones para mantener el monopolio o realizar prácticas injustas o engañosas. Y la investigación, que puede alargarse durante más de un año, podría concluir sin cargos.
