juezLa plataforma  Espacio Fí­lmica se ha hecho eco de un nuevo triunfo de la libre circulación de información sobre los intereses económicos de unos pocos. Dos webs de enlaces P2P, etmusica.com y elitemula.com, fueron clausuradas debido a las demanas que interpuso la SGAE tanto por lo civil como por lo penal. Pues bien, el mismo juzgado que ordenó el cierre cautelar ha revocado la decisión y las ha reabierto. Además ha condenado a la SGAE a pagar los costes de los trámites y le ha impuesto una multa por mala fe procesal.

Los hechos se iniciaron en 2007 cuando PROMUSICAE, que ahora estrena web, ejerció acciones penales contra el responsable de las páginas. Sus razones eran que vulneraban los derechos de propiedad intelectual al difundir los contenidos de obras con ánimo de lucro. Un año después, la ubicua SGAE se personó como acusación particular.

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No contenta con el procedimiento penal, la SGAE puso otra denuncia por lo civil sin informar de que también estaba la de la ví­a penal. La Sociedad General de Autores solicitaba el cierre de las páginas, que el acusado entregara el disco duro desde donde las gestionaba y, por supuesto, la inevitable indemnización económica en función de lo que se hallara en las unidades de almacenamiento. De paso, solicitó que todo se llevara a cabo sin oí­r los argumentos del demandado. Esta última petición le ha valido ahora ser condenada por haber demostrado mala fe procesal.

En efecto, el Juzgado de lo Mercantil de Huelva al principio atendió a las peticiones de la empresa de gestión privada. Sin recibir al acusado, ordenó el cierre y le mandó depositar los discos duros en las dependencias judiciales.

En su casa se presentaron cinco individuos entre los que se encontraba una procuradora de la SGAE y su perito informático. Gracias a esta acción, el denunciado supo que se le perseguí­a por los mismos hechos por procedimiento doble, tanto por lo civil  como por lo penal. Sus representantes legales, David Bravo y Javier de la Cueva,  le aconsejaron por teléfono tras oí­r el auto que le presentaron que los desalojara de su domicio porque no contaban con permiso para irrumpir en él y llevarse los discos duros. Luego, dieron respuesta a la demanda de la SGAE. Con razones de peso, afirmaron que se debí­an reabrir las páginas con los enlaces a las descargas. No constituyen ningún delito, porque no se reproducen ni se difunden de manera pública contenidos. También pidieron que la SGAE asumiera los gastos derivados del proceso y que fuera penalizada por la manera en que habí­a hecho las cosas. El mismo Juzgado de la Mercantil de Huelva, tras oí­r la defensa, dio la razón al demandado. Además, ha sancionado a la SGAE por actuar con mala fe. Al pedir que se oyera al acusado antes de que se cerrasen las webs, trataban de evitar que ejerciera su legí­timo derecho de defensa.

Los abogados David Bravo y Javier de la Cueva consideran que la sentencia es todo un éxito. Aunque el administrador de las páginas, que a la sazón no obtení­a ningún beneficio económico importante según los letrados, ha decidido terminar con ellas por todo el desgaste al que ha sido sometido. Sin embargo, las dos resoluciones judiciales constituyen, en opinión de Bravo y de la Cueva, «un saldo positivo«. «No es que se hayan evitado el cierre de unas páginas, es que el Juzgado ha ordenado su reapertura«, señalan. Así­, se sienta un importante precedente para las defensas cuando de nuevo alguien reclame la clausura un sitio de enlaces. También está lo referente al disco duro, en el que puede figurar información personal de sus dueños. En el Juzgado se considera que no hay en ellos datos relevantes porque no alojan contenidos. Por tanto, no son necesarios durante el proceso. En la presente demanda, indican Bravo y Javier de la Cueva, la SGAE «se quedó en este procedimiento sin prueba para calcular su petición de indemnización».

En resumen, a partir de ahora se cuentan con nuevos recursos con los que defenderse de las empresas privadas de gestión de derechos de autor. Entidades que, como la SGAE, demuestran no importarles recurrir a medios poco lí­citos, desde un punto de vista jurí­dico y moral, para obtener ingresos y perjudicar el libre flujo de información. Será que aún les falta unos céntimos para alcanzar los 30 millones de euros que cuesta convertir el palacio de Boadilla en su sede.

Ví­a: Espacio Fí­lmica

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