El culebrón entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb, que empezó en 2014 y se recrudeció este verano, parece vislumbrar un final tras la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia Catalana, que ha anulado la primera multa de 30.000 euros que se le impuso a la web, bajo la premisa de que no hay ilegalidad en la actividad que realizan. Esta decisión supone un varapalo a la administración de Ada Colau, que ya impuso dos multas más, la última una de 600.000 euros, ambas recurridas por Airbnb. Tras esta decisión, el pago de estas multas queda en entredicho y las reglas del juego en la batalla de la ciudad de Barcelona contra el alojamiento turístico ilegal parecen necesitar un replanteamiento, en el que habrá que buscar nuevas vías al margen de la sanción económica.
Airbnb no es un servicio turístico
El TSJC ha apuntado algunos aspectos específicos en su sentencia sobre Airbnb que pueden ejercer de jurisprudencia para nuevos casos que ocurran en el futuro. Han admitido que la web cobra una comisión por ser intermediaria entre los clientes y los dueños de la vivienda, pero no establece precios ni especificaciones concretas, con lo que no se puede hacer responsable de las tarifas turísticas, sino exclusivamente de ayudar a poner en contacto a gente que busca el alojamiento temporal y los propietarios que quieren dar salida a una habitación o un piso.
En la sentencia queda claro que no hay una regulación específica para definir el servicio de esta página web (y otras similares) dentro del ámbito de la actual Ley de Turismo de 2002, por lo cual no hay margen para una acción punitiva. Lo que sí deja claro es que la Unión Europea ve con «buenos ojos» las iniciativas de economía colaborativa, lo que puede suponer un problema si el Ayuntamiento de Barcelona decide resolver el vacío legal mediante una ley específica que regule estas webs de manera que pueda justificar sus multas. En ese caso, tendría a la Comisión Europea en su contra.
Futuro para la economía colaborativa
Pese a que el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que recurrirá la decisión, las perspectivas no parecen muy halagí¼eñas para los enemigos de las webs de gestión de recursos privados. Alternativas como Airbnb, Uber o Blablacar han generado enorme polémica desde su aparición al suponer una amenaza para sistemas tradicionales de transporte y alojamiento, sectores que hasta ahora tenían una legislación clara y sencilla pero que ahora van a tener que actualizarse a las nuevas realidades tecnológicas. La sentencia del TSJC deja claro que la sanción no es la solución para esta situación, y que la solución pasa por crear un nuevo marco legal en el que convivan sistemas tradicionales y nuevos, pues la economía colaborativa a través de Internet es un movimiento que se popularizó como consecuencia de la crisis, pero que ya empieza a estandarizarse como opción y promete ampliarse en todo tipo de sectores. Reguladores, es hora de sentarse a conversar.
