En Barcelona se ha declarado una guerra, y el turismo de borrachera junto con los pisos turísticos alquilados ilegalmente son los principales objetivos. Para cortar de raíz lo segundo, la alcaldesa Ada Colau ha concentrado la mirilla en dos plataformas de alquiler de pisos por Internet, en concreto Airbnb y Homeaway. Estas plataformas, para quien no las conozcan, funcionan a través de usuarios que se registran para alquilar pisos y otros que se registran para ocuparlos. Todo ello se realiza de manera particular, sin licencias ni pagos de impuestos de por medio. Estas dos plataformas recibieron sendas multas de 30.000 euros este verano, Airbnb la recurrió y Homeaway la pagó. Ahora, tras considerar que las empresas no han hecho nada para evitar que se alquilen pisos turísticos sin ningún tipo de licencia, desde el Ayuntamiento de Barcelona se ha impuesto una nueva multa, esta vez de 600.000 euros, el máximo permitido.
Para Ada Colau, la situación está descontrolada tras conocer los resultados de un estudio sobre el estado de los pisos turísticos en alquiler en Barcelona. Se ha calculado que de un total de 15.000 pisos turísticos en alquiler, el 40% serían ilegales, al no contar con licencia ni pagar tributos. Este tipo de alquileres suponen un beneficio entre dos y tres veces superior a los alquileres convencionales, lo que ha supuesto que estos se reduzcan o suban sus precios ante la tentación de esos altos ingresos. Empresas de alquiler y compraventa de pisos por Internet como Fotocasa o Idealista, que sí cumplen la legalidad, se encuentran en una situación de inferioridad frente a estos pisos que no pagan y sin embargo cobran más caro.
¿Tras los pasos de Blablacar?
No conocemos aún la reacción de Airbnb, aunque probablemente recurrirá esta enorme multa, ya que lo hizo con la anterior, de mucha menor cuantía. La empresa, que hospedó a medio millón de turistas en Barcelona este pasado verano, instó en su anterior comunicado al Ayuntamiento a que hiciera como otras ciudades y regulara de manera clara las formas de compartir la vivienda propia.
No podemos evitar encontrar relación de este caso con la batalla entre el Ayuntamiento de Madrid, y Blablacar, quien recibió sanciones de casi 10.000 euros por ofertar servicios de transporte sin licencia. Blablacar, portal de contacto entre conductores y pasajeros para compartir gastos de viaje, ha recurrido la sentencia frente a la Comisión Europea, considerando que no son una empresa de transportes, que la legislación no es clara y exige revisión. Debido a la gravedad de la multa de Airbnb en Barcelona, y la previa negativa a pagar de la empresa, nos preguntamos hasta dónde estará dispuesta a llegar la ésta para defender sus intereses en la Ciudad Condal, fuente de un gran volumen de negocio. Desde el Ayuntamiento no tienen la más mínima intención de suavizar la situación, así que puede que sólo un órgano superior externo pueda acallar todas las voces y poder conocer finalmente el lugar dentro de la legalidad de las plataformas de Internet que ayudan a gestionar recursos como el espacio habitable o los gastos de transporte.
