No es país para pisos turísticos ilegales. Sin duda, ese podría ser el título de lo que ha sucedido en Barcelona en los últimos días. El Ayuntamiento ha decidido poner freno a los pisos turísticos ilegales y se han propuesto multas que llegan a los 60.000 euros a plataformas como Airbnb y Homeaway.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha ordenado el cierre de hasta 256 viviendas durante el mes de julio, justamente la época en la que más gente hay de vacaciones en la ciudad. La forma de investigar si las viviendas eran ilegales ha sido gracias a la creación de un equipo de visualizadores que comprueban en persona la existencia de este tipo de viviendas tras buscarlas anteriormente en Internet, y hacer búsquedas en plataformas.
Así ha sido como detectaron 234 pisos ilegales el pasado mes, a los que han sancionado con 30.000 euros y se les ha solicitado que cesen su actividad.
Las multas más altas, para Airbnb y Homeaway
Además de los pisos ilegales, que han sufrido multas de 30.000 euros, las más altas ha sido para las plataformas Airbnb y Homeaway. Unas multas que todavía no ha cobrado el Ayuntamiento.
De hecho, han amenazado a estos dos portales con una multa de 600.000 euros. El motivo es que siguen anunciando pisos que no tienen licencia para operar como apartamentos turísticos, algo que se considera una pena «muy grave». Así es como se les impondría la multa más alta que permite la ley de Turismo que impera en Cataluña.
Después de organizar el equipo de visualizadores, y los 22 inspectores que hay en la capital, han sancionado hasta a 120 viviendas con 30.000 euros por no cumplir la normativa vigente, y otros 126 pisos legales tendrán multas de 3.000 euros por no haber publicado el número de Registro de Turismo de Cataluña en los anuncios de Internet.
Desde el equipo de Ada Colau explican que la práctica de los pisos ilegales lo que hace es saturar la ciudad y encarecer el alquiler, además crea problemas de convivencia. Así ha sido como el barrio Gótico ha perdido hasta el 40% de su población.
Ahora, el Ayuntamiento pretende que sean los propios vecinos los que les ayuden a detectar estas prácticas ilegales. Para ello han abierto una página web que suma ya 375 denuncias que se están investigando. En una parte más rudimentaria, se han enviado casi un millón de cartas para animar a los vecinos a la detección de estos pisos ilegales.
En esta carta se puede leer lo siguiente: «La legislación actual, establecida por la Generalitat de Cataluña, es muy garantista con los propietarios de las viviendas y, para poder iniciar la tramitación de un cese de actividad ilegal, hay que encontrar dos veces turistas alojados con un contrato de alquiler inferior a 31 días. Es por este motivo que les solicitamos que nos faciliten información si creen que en su edificio hay alguna vivienda de uso turístico«.
La alcaldesa prometió perdonar las multas si se cedían las viviendas al consistorio durante tres años, aunque ninguno de los sancionados ha aceptado esta oferta. La idea principal de Ada Colau era darle alojamiento a familias con escasos recursos económicos en estas viviendas que no cumplían la ley.
