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La Comisión de la propiedad intelectual, que aplica la Ley Sinde se constituyó hace meses, pero hasta ahora apenas habí­a tenido actividad. Esta comisión es la encargada de repartir las notificaciones a las páginas que alberguen contenidos ilegales. El abogado David Bravo, que lleva los casos de gran parte de las páginas afectadas, denuncia que la comisión ha aprovechado el mes de agosto para pillarlos desprevenidos. En palabras de Bravo, esta práctica pretendí­a que las páginas no pudieran cumplir los plazos adecuados para presentar alegaciones.

Pero los obstáculos no han acabado allí­. Bravo afirma que la comisión ha obligado a las páginas a presentar las alegaciones a través exclusivamente de Internet. El problema no radica en que los usuarios tengan problemas con la red, sino que simplemente la aplicación que les obligan a utilizar no funciona.

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El sistema funciona a través de la página de atención al ciudadano 060. Según el abogado, ni uno sólo de sus clientes fue capaz de registrarse en este servicio, y es que las dificultades técnicas eran prácticamente insalvables. Para poder llevar a cabo el proceso de registro, Bravo tuvo que instalar y desinstalar actualizaciones, pluggins y un sinfí­n de trababas para poder recibir las notificaciones y enviar las alegaciones pertinentes. Finalmente tuvo que utilizar dos ordenadores diferentes para llevar a cabo su función.

Además, la comisión sólo ha dejado un plazo de 48 horas para presentar las citadas alegaciones, un margen que el abogado considera insuficiente para poder realizar este procedimiento. La administración se ha negado a cambiar el método utilizado para enviar las notificaciones y recibir las alegaciones, a pesar de que la mayor parte de los interesados no pueden acceder al servicio.

No es el único apuro que la comisión está haciendo pasar a los administradores de la páginas de enlaces. David Bravo también señala que uno de sus clientes se ve obligado a probar su inocencia, en vez de ser la comisión quien pruebe su culpabilidad. Según el abogado, a uno de sus clientes se le atribuye ser el responsable de una página web investigada, a pesar de que este se desentendió de la gestión de esta hace cuatro años. La comisión exige un contrato formal de trasmisión de poderes, cuando esta práctica es inusual entre los administradores de páginas web.

La comisión que ejecuta la Ley Sinde es secreta, y no se conoce el nombre de las personas que la integran. Sólo se conoce el nombre de la presidenta, Teresa Lizaranzu. El nombramiento vino acompañado de polémica, y es que Lizaranzu, procedente de la carrera diplomática, no habí­a tenido nunca relación con el mundo de la cultura ni de Internet.

Bravo ha puesto el punto de mira en la administración, y denuncia que se están vulnerando derechos constitucionales para agradar a la industria. Dentro de pocos meses iremos conociendo el final de los procedimientos, y cuanto afectan realmente a la páginas de enlaces. Hasta ahora, sólo unas pocas páginas han tenido que retirar algunos enlaces, a pesar de que la presión que ejerce esta comisión está siendo bastante intensa.

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