González-Sinde quiere el Reglamento antidescargas antes del 20N 1

La ministra de Cultura está dispuesta, como se dice vulgarmente, a morir matando. A pocos dí­as de que el gobierno al que pertenece de paso a uno nuevo, y tras anunciar que va a abandonar la polí­tica a favor de la escritura, ha declarado que espera aprobar el Reglamento que desarrolla las medidas anti descargas de la Ley de Economí­a Sostenible antes de las elecciones del 20 noviembre. También ha reconocido que con el poco plazo que queda, no hay tiempo suficiente para reformar el controvertido y odiado canon digital.

De hecho, el citado Reglamento está más que maduro. En estos momentos está ya en el buzón del Consejo de Estado tras incorporar algunas de las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial. Si en el Consejo de Estado no se retrasan demasiado, el documento todaví­a va a llegar a tiempo para su aprobación en el Consejo de Ministros tras lo que rápidamente entrarí­a en vigor. Las medidas antidescargas propuestas por la ministra han sido tan polémicas que el Gobierno ha tenido que esconderlas, con poco éxito, dentro de la Ley de Economí­a Sostenible.

González-Sinde quiere el Reglamento antidescargas antes del 20N 2

Lo cierto es que el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial no tiene carácter vinculante, pero aclaraba que las medidas contempladas en la «ley Sinde» sólo podrí­an ser aplicadas, en todo caso,  a aquellos propietarios de páginas que tuvieran enlaces a archivos con copyright, y que se lucran con ellos, lo cual podrí­a incluir la publicidad incorporada en la página. La doctrina mayoritaria hasta el momento ha dictado que no se puede castigar a los propietarios de páginas con enlaces, ya que ellos no están reproduciendo, comunicando o difundiendo obras. Sólo enlazando a los archivos, y que ello no constituye explotación de la propia intelectual.

La ministra ha reconocido que no hay tiempo para crear una nueva formulación del canon digital, y que es un asunto suficientemente importante como para que se trate con tranquilidad durante la próxima legislatura. En realidad ha echado balones fuera cuando ha reconocido que es la Comunidad Europea quien debe generar una directiva que imponga un modelo común sobre el canon en toda Europa.

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