Desde que el pasado 1 de diciembre saltara a la luz pública el Anteproyecto de Ley para la Economía Sostenible han pasado muchas cosas. La primera y la más importante, es que a través de Facebook casi 200.000 internautas se han adherido al Manifiesto “En defensa de los Derechos Fundamentales en Internet”, una carta suscrita por periodistas, bloggers e internautas que apoyan el libre albedrío en Internet. Esto es, el libre intercambio de archivos a través de redes P2P o la libertad de expresión a través de la Red. Y es que una de las medidas que promueve el Anteproyecto de Ley es el cierre de páginas web con enlaces a descargas sin orden judicial previa. Algo más propio del antiguo régimen que de la democracia actual.
El manifiesto en cuestión, presentado también a través de Facebook cuenta con un total de 199.012 miembros. A través de PetitionOnline.com, un portal dedicado a promover campañas de este tipo, se han logrado hasta 8.000 adhesiones con nombre, DNI y correo electrónico. Y eso que días después de haberse producido semejante revolución, el Gobierno español quiso dejar claro que no se cerrarían páginas web ni se cortaría la conexión ADSL a los usuarios que descargaran películas, música o cualquier otro documento que quieran compartir. Algo que tras comprobar las palabras de la ministra González Sinde no nos quedaba tan claro.
Pero a estas alturas ya tenemos un segundo manifiesto sobre la mesa. Otro grupo de internautas ha querido desvincularse del primero, cuyas motivaciones (dicen) son las de ir sólo en contra del gobierno de Rodríguez Zapatero. Este segundo grupo se posiciona en contra del Anteproyecto de Ley pero quiere ir en busca de nuevas formas de explotación y de un modelo que pueda satisfacer a ambas partes: creadores e internautas, principales implicados y últimos monos del asunto. Eso sí, siempre por detrás de la SGAE y demás entidades gestoras de derechos.
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