Sonaba demasiado bonito como para ser cierto. En julio del año pasado el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio anunció que obligaría a los operadores a ofrecer como mínimo el 80% de la velocidad prometida en sus modalidades de conexión a Internet. Pero el borrador de la futura carta de derechos de los usuarios incluye una leve pero significativa aclaración.
El asunto tiene su miga. En julio el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, habló de un 80% de la «velocidad contratada» por los operadores. Pero el borrador aclara que dicho porcentaje no se refiere a la velocidad real, sino a la «velocidad teórica». Esta última puede calcularse antes de que se contrate la línea, con una sencilla herramienta que proporciona Teléfonica. Pero sólo es eso: teórica. Una vez contratado el servicio, en la práctica es habitual que el usuario navegue a menor velocidad.
En una modalidad de 20 megas debería garantizarse una velocidad teórica de 16 megas. Pero si vivimos a 1.800 metros de la central, la velocidad teórica máxima es de 12 megas. En este caso, el cliente no podría contratar dicha modalidad, y optar por tanto por una modalidad inferior. Y aún así, nadie le garantiza que, a la hora de la verdad, vaya a conseguir ese 80%.
Según el Ministerio, Sebastián ya en julio se estaba refiriendo a la velocidad teórica, pero no fue lo suficientemente explícito. Y no sería la primera vez que este Ministro mete la pata al hablar sobre conexiones de Internet, como quedó patente el año pasado al analizar un informe de la CMT. ¿Pero podría ser que el Ministerio haya cedido ante la presión de los operadores y ahora «donde dije digo, digo Diego»?
A nadie se le escapa la reacción de los operadores ante el primer anuncio, al que catalogaban como una barbaridad fruto de un absoluto desconocimiento de la tecnología. En CincoDías.com apuntan que sí que se ha rectificado por influencia de los operadores. Éstos arguyen que, para conocer previamente la velocidad real que el usuario obtendría en el día a día, tendrían que desplazarse al domicilio y realizar un gasto de 150 euros para analizar el par de cobre. Y todo ello antes de que el posible cliente firme ningún contrato ni pague un céntimo.
En cambio, la velocidad teórica se calcula gratis y sin necesidad de desplazamiento. Por otra parte, los operadores piden que sea el cliente en último lugar quien decida si quiere la modalidad o no. La normativa sencillamente prohibiría contratar las modalidades que no se ajusten al 80%, pero esto podría suponer que el usuario perdiese algunos megas de velocidad (por ejemplo, viéndose obligado a contratar 6 megas en vez de «hasta 20»).
El problema está en que en las modalidades más lentas sí que se cumple sin problemas el 80%, incluso en la velocidad real de navegación. Pero en la famosa modalidad «hasta 20 megas», apenas se logra de media el 40%. ¿Tan complicado sería ofrecer la modalidad que sea y luego realizar un descuento proporcional una vez instalada la línea y conociendo la velocidad real? Esto ya se hace en Japón, donde por otra parte las velocidades de Internet van siglos por delante del ciberdespacio español.
Aquí, en cambio, no sólo tenemos que aguantar conexiones lentas y caras, sino que además las normativas no hacen más que dar falsas esperanzas al usuario, enredándolo todo para que a uno se le quiten las ganas de batallar por una conexión digna.
Demasiado bonito para ser verdad. Que poca seriedad.
Si vives en un pais donde los politicos son los mayores delincuentes del pais, que puedes esperar 🙂