El nuevo canon digital arrancará mañana con un recorte simbólico en los móviles musicales

Mañana entra en vigor el nuevo canon digital con sólo una variación respecto a las tarifas que ya confirmó el Gobierno: los teléfonos móviles y agendas electrónicas con reproductor MP3 llevarán un impuesto añadido de 1,1 euros, en lugar de los 1,5 euros propuestos inicialmente por la SGAE. Conviene recordar que estamos hablando de un impuesto como compensación por el derecho a la copia privada, y que en esta nueva entrega, apodada ultracanon, mete en el saco nuevos productos como los MP3 portátiles (3,15 euros) y las memorias USB (0,3 euros).

La gravedad del asunto no radica sólo en que, a estas alturas del siglo XXI y en un país democrático como España, haya que pagar por un derecho recogido en las leyes (y que encima puede que luego no ejerzamos). Es que además, la entrada de todos estos nuevos productos dará lugar, según el Instituto de Estudios Económicos, a que la recaudación de este impuesto supere a la propia venta de contenidos.

¿Es justo conseguir más dinero a través de impuestos que vendiendo discos o dando conciertos? Para la industria discográfica, más interesada en los beneficios que en la música como arte, por supuesto que sí. Pero no para los ciudadanos, los fabricantes tecnológicos y ni siquiera para la mayoría de los autores. O al menos no lo es para el 95% de los afiliados a la SGAE, según la plataforma Todos contra el CANON.

Porque el canon ni siquiera lo recauda ni lo administra el Estado, como pasa con la inmensa mayoría de los impuestos sobre la venta de productos. Lo recauda una entidad privada como la SGAE. Una entidad puesta en entredicho por algunos de sus propios socios y por varias asociaciones de internautas.

Debido a todo esto, ¿habrá un control férreo, transparente y ejercido por el propio Gobierno sobre las cuentas de la SGAE?
La respuesta lógica sería que sí, pero lo cierto es que dicho control no se produce desde hace 10 años.

Eso sí, el canon viene siendo revisado y reaprobado cada cierto tiempo desde 1987, cuando arrancó como un impuesto sobre las cintas de casete y VHS con sus correspondientes grabadoras.

En 2003 se añadieron al carro CDs, DVDs, grabadoras de discos ópticos, impresoras multifunción y escáneres. Ahora en 2008, se suman las memorias USB, los discos duros, los móviles y PDAs con música y los reproductores portátiles de música y vídeo.

Dos revisiones del impuesto en sólo cinco años, pero ninguna vigilancia estatal sobre las cuentas en diez años. Saquen sus propias conclusiones. Pero cuidado a la hora de expresarlas, no les vaya a pasar como al diario Público.

Vía: elmundo